Código Procesal Contencioso Administrativo

Su objetivo central es dotar al abogado litigante y al juez de un marco interpretativo preciso del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), contextualizando cada norma con criterios judiciales consolidados o recientes. 

La obra cobra especial relevancia en el contexto actual, donde el control de legalidad sobre los actos de la Administración Pública se ha robustecido como garantía de tutela efectiva. Así, se convierte en un instrumento indispensable para que el litigante ejercer con solvencia técnica la impugnación de resoluciones mediante recursos de apelación y casación, así como para prever, argumentar y orientar decisiones en los procesos contenciosos administrativos, y para que el juez contencioso tenga una herramienta de utilidad práctica y resumida de cómo se ha resuelto e interpretado diversos artículos e institutos en esos órganos de casación y apelación.

A lo largo de la obra se analizan sentencias sobre medidas cautelares, inadmisibilidad de la demanda, caducidad, tutela cautelar, admisibilidad de recursos y extensión jurisprudencial a terceros. Se destacan, por ejemplo, los límites y requisitos del recurso de casación conforme al art. 140 CPCA, las causales que dan lugar a la inadmisión por vicios procesales formales, así como los supuestos que habilitan el rechazo de plano. También se recopilan precedentes donde los tribunales aclaran las competencias y efectos procesales de los recursos interpuestos, incluyendo los efectos de cosa juzgada y las reglas sobre admisibilidad técnica.

Esta obra permite al litigante sustentar con mayor rigor sus recursos, anticipar riesgos procesales, y fortalecer la argumentación jurídica en todas las etapas del juicio. Además, ofrece un mapa jurisprudencial claro, útil para docencia, litigación estratégica y asesoría especializada.

La obra incorporar jurisprudencia en todos los capítulos del CPCA, sin dejar alguno sin jurisprudencia, en este orden:

Capítulo I. Presenta los principios rectores del proceso contencioso-administrativo, como legalidad, debido proceso, celeridad y acceso a la justicia. Se establece el marco normativo que garantiza la tutela judicial efectiva frente a la Administración Pública.  En el siguiente se describe el ámbito de aplicación del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), delimitando las materias que pueden someterse a su conocimiento, incluyendo la impugnación de actos administrativos, la inactividad y la responsabilidad patrimonial del Estado.

Analiza la competencia de los tribunales contencioso-administrativos y los criterios para su determinación objetiva y funcional Aborda las reglas de legitimación activa y pasiva. Se desarrolla quiénes están facultados para demandar y quiénes deben figurar como parte demandada, incluyendo personas físicas, jurídicas, y órganos de la Administración. Estudia los plazos procesales, su cómputo, suspensión y caducidad. 

El siguiente capítulo trata la demanda contencioso-administrativa, sus requisitos formales, anexos, contenido y subsanación. Se examinan los efectos de su presentación y su admisión por parte del tribunal. Luego, desarrolla la contestación de la demanda, excepciones previas, allanamiento, y la reconvención. También incluye el rol de la Procuraduría y las coadyuvancias.

Se aborda la etapa de prueba: ofrecimiento, admisión, práctica y valoración. Se detallan los medios de prueba y las reglas de inmediación, publicidad y contradicción.

Analiza las medidas cautelares en sede contenciosa: tipos, requisitos, procedimiento para su solicitud y resolución. Se enfatiza su función de garantizar la efectividad de la sentencia futura.

Estudia la sentencia contencioso-administrativa, su estructura, efectos, cosa juzgada y ejecución. Se detallan las formas de cumplimiento y mecanismos ante la resistencia de la Administración.

Incluye los medios de impugnación: revocatoria, apelación, casación y revisión. Se explican sus requisitos de admisibilidad y efectos, así como la jurisprudencia relevante.

Finalmente, se incluye jurisprudencia que regula la ejecución de sentencias y resoluciones firmes contra la Administración. Se explican los mecanismos de “apremio”, multas, intervención judicial y ejecución sustitutiva.